El cambio climático ya no es una amenaza lejana—es una realidad devastadora para muchos colombianos, especialmente para el pueblo Wayuu. Mientras el gobierno hace grandes promesas sobre políticas ambientales, las comunidades Wayuu siguen sufriendo sequías extremas, fenómenos climáticos severos y un abandono total por parte del Estado. La diferencia entre los discursos políticos y la realidad en el territorio no podría ser más evidente. ¿Cuánto tiempo más deben esperar estas comunidades por soluciones reales?

Desde hace años, el pueblo Wayuu enfrenta una de las peores crisis humanitarias en Colombia, en gran parte debido al cambio climático. Los ríos se han secado, las cosechas han fracasado y las familias luchan por sobrevivir. En lugar de tomar medidas urgentes, el gobierno ha respondido con promesas vacías y ayudas insuficientes. Las políticas ambientales no sirven de nada si no llegan a quienes más las necesitan.

Esta crisis no es solo un problema climático—es una muestra de la mala gestión de los recursos de Colombia. El pueblo Wayuu no está pidiendo caridad, está exigiendo sus derechos. Necesitan infraestructura sostenible, acceso al agua potable y políticas que protejan su territorio de una mayor degradación. Pero sus demandas son ignoradas mientras los políticos organizan cumbres, redactan documentos y se felicitan por supuestos logros ambientales. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio económico personal para quienes están en el poder. La administración actual no hará nada porque ayudar al pueblo Wayuu no les llena los bolsillos—no hay ventaja política, no hay ganancia personal y no hay una oportunidad para el enriquecimiento corrupto.

Si el gobierno realmente tomara en serio la crisis climática, priorizaría el apoyo directo a las comunidades vulnerables. Invertiría en proyectos de agua sostenible, esfuerzos de reforestación y agricultura resiliente al clima. En cambio, vemos cómo se malgastan presupuestos, la corrupción frena el progreso y las comunidades quedan abandonadas a su suerte. La diferencia entre lo que el gobierno dice y lo que hace es inaceptable.

Somos Justicia exige una estrategia nacional real—una que no solo reconozca el cambio climático, sino que actúe para mitigar sus efectos en los más afectados. Colombia debe aprender de modelos internacionales exitosos, invitando a dignatarios, líderes ambientales y países que han implementado soluciones efectivas para ayudarnos a desarrollar sistemas de agua limpia, programas de reforestación y una gestión sostenible de nuestros recursos naturales. Otras naciones han enfrentado desafíos similares y han logrado equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental—Colombia debe seguir este camino.

Una parte fundamental de esta estrategia es la minería responsable y conservadora de minerales. En lugar de permitir que corporaciones extranjeras exploten la riqueza natural de Colombia sin dejar beneficios para su gente, el gobierno debería implementar regulaciones estrictas que garanticen que las ganancias de la minería se utilicen para infraestructura, protección ambiental y apoyo a comunidades indígenas. Con un enfoque correcto, los recursos naturales del país pueden ser gestionados de manera responsable para financiar acceso al agua potable, preservación ecológica y desarrollo sostenible—en lugar de ser desperdiciados por la corrupción y la avaricia política.

La pregunta es clara: ¿Seguirá el gobierno ignorando a estas comunidades o finalmente asumirá su responsabilidad? Los colombianos merecen más que discursos—merecen acciones reales.

El momento de actuar es ahora. Únete a la lucha por soluciones climáticas que protejan tanto el medioambiente como a las personas más afectadas. Visita https://tuvoz.co y haz escuchar tu voz.