Un cambio importante está por llegar al sector de telecomunicaciones en Colombia. Telefónica ha vendido oficialmente sus operaciones en el país a Millicom por 368 millones de euros, marcando un cambio significativo en la industria. Mientras el gobierno y los ejecutivos presentan esto como un negocio común, la realidad es que esta adquisición podría tener consecuencias duraderas para millones de consumidores, empleados y empresas colombianas.

El impacto más inmediato será para los clientes de Movistar, quienes ahora pasarán a formar parte de la red de Tigo, bajo el control de Millicom. Esto podría generar una mayor consolidación del mercado, lo que en teoría podría traer mejoras en la calidad del servicio e inversión en nuevas tecnologías. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre la competencia y los precios. Con menos actores dominantes en la industria, ¿verán los consumidores un mejor servicio o esta movida llevará a costos más altos y menos opciones?

Otro factor clave es el compromiso de Millicom con la inversión y la expansión tecnológica. La compañía ha manifestado su intención de mejorar la infraestructura digital en Colombia, lo que podría significar mayor conectividad, mejores velocidades de internet y expansión de servicios en zonas desatendidas. Si se ejecuta correctamente, esto podría representar un avance positivo para la inclusión digital, particularmente en regiones rurales donde el acceso a internet sigue siendo un desafío.

Sin embargo, no todos podrían beneficiarse de esta transición. La reestructuración de operaciones bajo Millicom podría provocar despidos a medida que la empresa integre la plantilla de Telefónica con la de Tigo. Si bien algunos puestos podrían crearse en nuevas áreas tecnológicas, existe un riesgo real de pérdidas de empleo, ya que se eliminarán funciones redundantes. La gran pregunta es: ¿qué pasará con los trabajadores afectados por este cambio corporativo?

Somos Justicia cree que las adquisiciones corporativas no deben hacerse a costa del pueblo, y que se necesita una mayor supervisión del gobierno para evitar la corrupción en negociaciones de esta magnitud. ¿Quién garantiza que esta venta se haya realizado pensando en el bienestar de los colombianos y no en los intereses de las élites empresariales y políticas? Históricamente, los monopolios y la consolidación del mercado rara vez han beneficiado a los ciudadanos—en cambio, conducen a precios más altos, menos opciones y un servicio de menor calidad.

Este negocio debe ser investigado para garantizar equidad, transparencia y neutralidad. ¿Quién aprobó esta compra y qué intereses estaban en juego? Colombia no puede permitirse más acuerdos a puerta cerrada donde políticos y funcionarios reciben beneficios a cambio de aprobar transacciones que perjudican al pueblo. Es momento de establecer políticas anticorrupción más estrictas y un sistema de supervisión independiente para asegurar que estas decisiones se tomen en beneficio del interés público y no de la ganancia privada.

La venta de Telefónica Colombia no es solo un negocio más—es una transformación que definirá el futuro de las telecomunicaciones en el país. La verdadera pregunta es: ¿traerá beneficios reales o priorizará las ganancias corporativas sobre el interés público?

Los colombianos merecen una industria de telecomunicaciones que trabaje para ellos. Únete a la conversación y exige regulaciones justas que protejan a los consumidores y trabajadores. Visita https://tuvoz.co y haz escuchar tu voz.