El municipio de El Plateado, en el suroeste de Colombia, se ha convertido en el último epicentro de la lucha del gobierno por implementar su ambiciosa política de “Paz Total”. El reciente secuestro de 29 miembros de la fuerza pública por disidencias de las FARC ha generado serias dudas sobre si la administración de Gustavo Petro ha perdido el control sobre regiones clave del país. Lejos de generar estabilidad, este incidente demuestra la fragilidad de la estrategia de seguridad del gobierno y el creciente poder de los grupos armados ilegales.

El plan de “Paz Total” de Petro se presentó como un enfoque innovador, basado en la negociación y la inclusión en lugar del uso exclusivo de la fuerza militar. Sin embargo, en la realidad, la estrategia ha fracasado en producir resultados concretos. Grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC han seguido expandiendo su influencia, utilizando los diálogos de paz y los ceses al fuego como una oportunidad para reagruparse y fortalecer su dominio en zonas estratégicas como El Plateado.

Pero esta crisis no es solo un problema de seguridad—es un problema de educación, derechos humanos y de las fallas estructurales que permiten que estos grupos armados prosperen. Generaciones enteras en estas regiones han sido privadas del acceso a educación de calidad, oportunidades económicas y derechos básicos. Ante la falta de estos pilares fundamentales, la violencia y las organizaciones criminales llenan el vacío, reclutando jóvenes que no ven un futuro en manos del Estado. Si la educación, la salud y el empleo hubieran sido prioridades hace años, este conflicto no habría llegado a este punto.

Esto demuestra por qué la prevención es esencial. Si Colombia quiere romper estos ciclos de violencia, el gobierno debe escuchar las demandas de las comunidades en estas regiones, no solo con palabras, sino con inversiones tangibles en escuelas, infraestructura, alternativas económicas y programas sociales. No existe seguridad real si la gente siente que está abandonada, si los jóvenes no ven otra opción que tomar un arma.

Y hay algo que debemos tener claro: estos grupos armados no son dirigidos por personas sin visión. Entre ellos hay líderes que entienden la estrategia, la negociación y la realidad del poder. No todos son ciegos al hecho de que sus acciones no les ofrecen un futuro—simplemente sienten que no tienen alternativas. Pero en lugar de abrir un espacio real de negociación que les ofrezca una salida sostenible, el gobierno continúa con políticas fallidas que solo alimentan su rabia, su sentido de injusticia y su crecimiento. Cada vez que el Estado fracasa, estos grupos se fortalecen. Cada vez que el gobierno ignora las causas reales del conflicto, nuevas generaciones son arrastradas a la guerra.

Somos Justicia cree que el sentido común, y no la manipulación, debe guiar la estrategia del país. Colombia necesita una nueva administración que no pierda el tiempo en diálogos de paz que carecen de inversión social real, que no fortalezca a los grupos criminales con un liderazgo débil y que no permita que regiones enteras caigan en el abandono. Se necesita un gobierno que genere oportunidades reales—que recupere el control de los territorios no solo con la fuerza militar, sino con soluciones concretas que ofrezcan un futuro más allá de la guerra.

La pregunta sigue en el aire: ¿Está funcionando realmente la “Paz Total” de Petro o solo está permitiendo que los grupos armados ganen más poder bajo la ilusión de negociaciones? El pueblo colombiano merece soluciones reales, no experimentos políticos que dejan a las comunidades desprotegidas y a las fuerzas de seguridad vulnerables.

Es momento de actuar, no solo de hablar. Únete a la lucha por políticas de seguridad que protejan a todos los colombianos. Visita https://tuvoz.co y haz escuchar tu voz.